Aplazada la audiencia previa por la demanda que pide la nulidad del Congreso del PP, al haberse presentado otra

EUROPA PRESS

  • La audiencia previa prevista este miércoles, 26 de julio, en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander por la demanda civil que afines al expresidente del PP Ignacio Diego presentaron para pedir la nulidad del Congreso Regional en el que fue elegida líder del partido María José Sáenz de Buruaga por supuestas “irregularidades” ha sido aplazada.

El retraso de la citación judicial, sin nueva fecha, obedece a la admisión a trámite de otra demanda, que también pide que se anule el proceso congresual por “ilegalidades”, y que fue interpuesta por tres afiliados ‘populares’ de Laredo. Mientras, la anterior denuncia fue firmada, entre otros, por el que fuera director de Turismo durante el anterior Ejecutivo, Santiago Recio, diputado autonómico en la actualidad.

APLAZAMIENTO POR POSIBLE ACUMULACIÓN DE LAS DEMANDAS

Fuentes del sector crítico han explicado a esta agencia que la audiencia previa fijada para este miércoles se ha aplazado para que el juez se pronuncie sobre la posible reagrupación de las dos demandas, ya que se basan en los mismos argumentos y persiguen idéntica finalidad.

Así, de acumularse ambos asuntos, se evitaría que se pronuncien sobre el mismo juzgados diferentes, han señalado las citadas fuentes, que calculan que la nueva audiencia previa podría fijarse “como muy pronto” a finales del próximo mes de septiembre o incluso a comienzos de octubre, ya que julio está a punto de concluir y agosto es inhábil en los juzgados.

PRIMERA DEMANDA

Tras la primera demanda, la promovida por afiliados afines a Diego, el PP dirigido por Sáenz de Buruaga -que ganó el cónclave por cuatro votos- remitió un escrito de oposición a la misma, y la vista previa se había convocado para el 26 de julio a las 9.20 horas en el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santander, que el pasado 24 de mayo admitió a trámite la demanda, veinte días después de su presentación.

Tras dicha admisión, se abrió un plazo de 20 días hábiles a la parte demandada para contestar y personarse en el procedimiento con abogado y procurador, pasos que dio, presentando un escrito en el que exponía sus argumentos contra los razonamientos de los ‘dieguistas’. En la audiencia previa ambas partes tenían que presentar las pruebas que considerasen pertinentes para defender sus respectivas posturas.

La demanda fue presentada a través del abogado asturiano Manuel Estrada, quien consiguió anular en los tribunales el Congreso del PP de Gijón celebrado el 18 de octubre de 2014, en el que obtuvo la mayoría de los votos David González Medima, lo que supuso la celebración de un congreso extraordinario, que también recurrió ante la Justicia.

El escrito se basaba en diversas “irregularidades” que habrían resultado decisivas para el resultado del Congreso del PP cántabro celebrado el 25 de marzo, dado el escaso margen de votos -cuatro- entre los candidatos, Buruaga y Diego.

Entre ellas, figuran las transferencias realizadas desde una cuenta de un afiliado de Laredo, que según se señalaba es discapacitado psíquico a una a nombre del PP para el pago de cuotas de 491 militantes, la no inclusión de algunos compromisarios natos o supuestas irregularidades sobre las papeletas, además de la consignación a mano por parte de algunos miembros de las mesas de nombres de personas en calidad de compromsiarios que, según se señala, no venían previamente incluidos en las listas.

Por dichos pagos supuestamente irregulares, el exconcejal del PP de Laredo Ramón Arenas había presentado una demanda que fue archivada por la Audiencia de Cantabria.

SEGUNDA DEMANDA

Y, por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander admitió a trámite la demanda interpuesta por tres afiliados al PP en Laredo contra el PP, en la que piden la nulidad por supuestas “ilegalidades” en el proceso congresual.

Fechada el 23 de junio y admitida el día 30, la demanda se une a la anterior, firmada por Recio y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valdáliga, Lorena García, que también pide la nulidad del XII Congreso Regional por presuntas “irregularidades”, y para la que se había fijado audiencia previa este miércoles 26 de julio.

Respecto a la presentada por los tres afiliados de Laredo, el 7 de julio se dio traslado a la parte demandada (el partido), según informaron en su día fuentes cercanas al caso, que ya avanzaron la posibilidad de que la representación procesal de los tres militantes pejinos solicitasen la acumulación de este proceso al anterior, para evitar que se dicten resoluciones judiciales incompatibles o mutuamente excluyentes entre sí.

En esta última demanda se mantiene que el proceso de elección llevado a cabo para presidir el PP en Cantabria y renovar su Comité Ejecutivo Regional ha estado “pergeñado” de un “cúmulo de irregularidades e ilegalidades”.

En opinión de la parte demandante, éstas “contravienen” las “más elementales o esenciales principios de democracia y transparencia

interna y el derecho a participar en la elección del presidente del partido a través de un proceso electoral limpio, sin triquiñuelas o manipulado”. Así, los promotores consideran que se han “vulnerado” la Ley y los estatutos del propio partido.

Además, creen que dichas “infracciones” no han sido “debidamente solucionadas de una forma justa” por los órganos internos del PP, razón por la que decidieron acudir a los tribunales.

Entre estas infracciones citan la “adulteración o manipulación arbitraria del proceso electoral mediante el pago fraudulento de 491 cuotas de afiliados y compromisarios que no se encontraban al corriente de dicho pago, sin haberse prestado el preceptivo consentimientoexpreso por los mismos a dicha cesión de datos a un tercero afiliado al partido”.

Los demandantes subrayan también que esta conducta fue “relevante” en los resultados electorales acontecidos los días 8 y 25 demarzo de este año -cuando se llevaron a cabo las ‘primarias’ y el Congreso, respectivamente- a la vista de la “exigua diferencia final de cuatro votos” entre Sáenz de Buruaga y Diego.

A juicio, lo ocurrido con el pago de estas cuotas se infringieron los Estatutos del partido; la ley de financiación de los partidos políticos, y la de protección de datos de carácter personal.

Al margen de esos abonos de cuotas, también se cita en la demanda la supresión “sin motivación legal alguna” de determinados compromisarios electos en el proceso electoral de 8 de marzo dentro de la circunscripción de Laredo, “sin haberles notificado, tampoco, resolución alguna con la razón de su eliminación de la lista de compromisarios al Congreso del 25 de marzo”.

Y se alude también “la inclusión arbitraria” de otros afiliados no electos como compromisarios en el proceso de primarias del 8 de marzo y que, sin embargo, ejercieron el voto en el Congreso celebrado el 25 de marzo. Además, consideran que no se ha respetado el derecho a impugnar con las debidas garantías legales y con la preceptiva transparencia aquellos acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley y a los Estatutos del partido, entre

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